El pasado mes de enero entró en vigor la modificación de la normativa de consumo, que aprobó el Gobierno el pasado mes de abril a través de un Real Decreto-ley Omnibus en el que participó el Ministerio de Consumo y en el que se incorpora a la legislación nacional las directivas 2019/770 y 2019/771 de la Unión Europea. Ante la nueva legislación, que extiende la garantía legal de los bienes de dos a tres años y aumenta el plazo de cinco a 10 años en la obligación de disponer de piezas de repuesto para la reparación, una vez que el producto deje de fabricarse, el sector TIC se muestra respetuoso con la ley, pero no entiende cómo el legislador no ha tenido en cuenta los ciclos de renovación de los dispositivos y duda sobre que sea adecuada para lograr el objetivo final de avanzar en la economía circular. AMETIC, Acer, Brother, HP, Lenovo, Ingram Micro, Recyclia y ANOVO analizan los pros y contras de esta normativa.
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