El 73 % de los trabajadores de pymes en España, lo que equivale a tres de cada cuatro empleados, cree que los comportamientos ilegales y poco éticos son comunes en las empresas españolas; e incluso un 18 % afirma que es una práctica muy común. Estos datos se desprenden de un reciente estudio sobre percepción y actitudes ante la corrupción llevado a cabo por BSA.
El informe señala que ocho de cada diez trabajadores estarían dispuestos a informar sobre prácticas inapropiadas o ilegales en su empresa. Y un 15 % afirma que ya ha denunciado estos comportamientos en alguna ocasión.
Según contempla el estudio, los trabajadores estarían dispuestos a denunciar prácticas como bullying y discriminación (68 %), fraude (58 %), malversación (52 %), robos de la propiedad empresarial (48 %), evasión de impuestos (46 %), fallos a la hora de aplicar la regulación empresarial (38 %) y prácticas ilegales en el ámbito de TI (30 %).
Una de las prácticas inapropiadas que incluye el estudio es el uso de software ilegal o sin licencia, que en el caso de España es un problema grave con el ratio del 43 % de software sin licencia instalado en los PC de nuestro país, según el último informe global de software de BSA realizado por IDC.
El estudio indica que para el 46 % de los trabajadores de pymes en España es una práctica ilegal. El 30 % piensa que no es una buena práctica y el 14 % que es una conducta poco ética. Además, el 81 % cree que las empresas debería afrontar consecuencias por el uso de software ilegal o sin licencia, principalmente consecuencias financieras (46 %). Asimismo, el 27 % considera que deberían enfrentarse a consecuencias penales y el 24 % cree que sufrirían algún tipo de daño de imagen o de reputación.
Andrés Pi, portavoz del comité de BSA en España, comentó que “este estudio demuestra la preocupación que hay entre los trabajadores españoles por las prácticas ilegales y poco éticas en las empresas de nuestro país».
El informe señala que el miedo a ser descubierto y a perder el puesto de trabajo son los principales obstáculos señalados por parte del 38 % de los encuestados a la hora de reportar actividades ilegales en las empresas, mientras que el 13 % afirma que si creyeran que en sus empresas se llevan a cabo estas prácticas, nada les impediría informar sobre ello.
Al mismo tiempo, el 26 % de los encuestados indica que sus compañías no les facilitan un medio o un proceso interno para poder reportar estas prácticas; aunque el 29% si manifiesta que dispone de un proceso interno confidencial para notificar este tipo de actividades. El 32 % tiene, al menos, directrices informales o una persona asignada para notificar esta realidad.
El estudio revela también que el 55 % de los participantes en la encuesta cree que no hay suficiente legislación ni salvaguardas para proteger a las personas que alzan la voz para denunciar estas prácticas; frente al 28 % que piensa que sí las hay.
