Huawei ha recurrido a los tribunales para defenderse ante las acciones emprendidas contra ella por Estados Unidos. Ha presentado una moción de juicio sumario como parte del proceso en el que cuestiona la constitucionalidad de la Sección 889 de la Ley Nacional de Autorización de Defensa (National Defense Authorization Act, 2019 NDAA). Y ha hecho un llamamiento al Gobierno para que detenga la campaña emprendida contra ella bajo alegaciones de falta de ciberseguridad.
Song Liuping, jefe de asuntos jurídicos de Huawei, se mostró contundente al afirmar que usar la ciberseguridad como excusa «no hará nada para que las redes sean más seguras. Proporciona una sensación de falsa seguridad y distrae la atención de los desafíos reales a los que nos enfrentamos”. A su juicio, los políticos estadounidenses están usando la fuerza de toda una nación para perseguir a una compañía privada. “El gobierno de los Estados Unidos no ha proporcionado pruebas que demuestren que Huawei es una amenaza para la seguridad. No hay pistola, no hay humo. Sólo la especulación».
En la demanda se argumenta que la Sección 889 de la NDAA de 2019 señala a Huawei por su nombre y añade que no solo prohíbe a las agencias del gobierno de EE.UU. comprar equipos y servicios de Huawei, sino que tampoco les permite contratar u otorgar subvenciones o préstamos a terceros que compren equipos o servicios de Huawei, incluso sin impacto o conexión con el gobierno de los Estados Unidos.
El responsable de asuntos jurídicos de la compañía también se ha pronunciado sobre la decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de incluir a Huawei en la “lista negra” o Entity List, señalando que “sienta un precedente peligroso. Hoy en día son las telecomunicaciones y Huawei. Mañana podría ser su industria, su empresa o sus consumidores”.
Huawei confía que el sistema judicial de Estados Unidos tenga en cuenta la demanda y espera que corrija los errores en la NDAA.
El abogado de Huawei que dirige este caso, Glen Nager, ha añadido que la Sección 889 de la NDAA de 2019 viola la Declaración de Attainder, el Debido Proceso y las Cláusulas de Adquisición de la Constitución de los Estados Unidos; lo que hace que el caso sea «una cuestión de ley» ya que no hay hechos en cuestión.
La audiencia sobre la moción programada tendrá lugar el 19 de septiembre, según la orden de programación judicial.
