No cesa BSA por identificar a empresas que no cumplen con la legalidad en el uso del software. Una de las últimas acciones de la organización ha sido en Bilbao, donde el pasado 5 de octubre inspeccionó las instalaciones de EBI Talleres Electrónicos, por mandato judicial, tras recibirse información sobre la utilización de software presuntamente ilegal gracias a la información recibida, por un informador anónimo, a través de la web de BSA.
La organización estima que el valor del software no autorizado encontrado en los 30 equipos inspeccionados podría oscilar entre los 100.000 y los 150.000 euros, a falta de la confirmación definitiva por los peritos judiciales que realizaron el registro de sus sistemas informáticos. Las marcas perjudicadas fueron Microsoft y Autodesk.
BSA insiste en los índices que presenta España en materia de ilegalidad: cuatro de cada diez programas de software utilizados en las empresas no cuenta con licencia del fabricante, lo que sitúa en un 43 % el grado de ilegalidad, 15 puntos por encima de la media de los países de Europa Occidental. Andrés Pi, presidente del comité español de BSA, recuerda que el software es uno de los activos de negocio más importantes para cualquier sector empresarial y un motor que mejora la eficiencia y capacidad de producción, así como la productividad de sus empleados. “Pero si no es gestionado de forma adecuada puede suponer riesgos operativos, económicos y legales muy importantes”.
Además de que la empresa, si resulta pillada, debe pagar daños y perjuicios por las licencias de software que debería haber adquirido en primera instancia, Carlos Pérez, socio de ECIJA, firma legal de BSA en España, recuerda que se enfrenta a la pérdida de datos, fallos críticos del sistema o una mayor exposición a ataques de virus informáticos y malware, así como daños a la reputación de la compañía.
