Entre 150.000 y 200.000 de euros es la cuantía estimada del software que una empresa asturiana estaba usando de manera fraudulenta. Hace unos días la empresa ALES GRUPO, ubicada en Gijón, fue objeto de un registro, en sus oficinas, en el que fueron inspeccionados unos 36 ordenadores, detectándose software presuntamente ilegal, lo que supondría una grave infracción contra la propiedad intelectual del software de Autodesk, Adobe, Microsoft y Rib Spain. La inspección se llevó a cabo, con el correspondiente mandamiento judicial, tras recibirse información sobre utilización de software presuntamente ilegal mediante un informador a través la web de BSA.
El alto índice que tiene España de uso de software ilegal en las empresas, que se sitúa en el 43 %, sitúa a las empresas españolas 15 puntos por encima de la media de los países de Europa Occidental. Este es el “mejor” acicate para que BSA continúe con una labor que le llevó a recibir el pasado año 576 denuncias contra compañías españolas, un 14 % más con respecto al año anterior y prácticamente el doble de los reportes registrados en 2014. Unas denuncias que generaron 347 acciones legales, lo que supone un ascenso de un 12 %. Carlos Pérez, socio de Ecija, firma legal de BSA en España, insiste en que las empresas que disponen de software sin licencia en sus sistemas informáticos se exponen a una serie de riesgos muy graves. “Si se detecta que una organización dispone de software sin licencia, se arriesga a tener que pagar daños y perjuicios por las licencias de software que debería haber adquirido en primera instancia. Además, las compañías también están obligadas a asegurarse de que todo el software está licenciado de forma adecuada de cara al futuro, lo que puede derivar en significativos gastos adicionales, no planificados”.
