El Gobierno ha publicado un Real Decreto para hacer efectiva la compensación por copia privada hasta que, tal y como contempla la ley transitoria de julio de 2017, una nueva norma establezca los equipos sujetos a esta tasa y las tarifas.
La asociación DigitalES, que agrupa algunas de las principales empresas del sector TIC, cuya facturación es equivalente el 4 % del PIB, ha valorado este Real Decreto, señalando que recupera un modelo en progresivo desuso.
A juicio de la asociación la gran mayoría del consumo de contenidos no requiere actualmente de una “copia privada” como sí ocurría hace unos años; y es necesario distinguir las ofertas de copias legítimas —con licencias para 5 o más dispositivos—de aquellas copias “piratas” que no tienen nada que ver con las copias privadas y que, en cualquier caso, están perseguidas.
Según un informe de la asociación DigitalEurope y Euroimag, en 2017 solo el 0,9 % de los españoles copiaron un DVD de películas o series, solo el 1,6 % hicieron copia privada de un medio musical y solo el 2,3 % de libros y publicaciones. Por tanto, DigitalES considera ya no está justificado que el 100 % de los usuarios tengan que pagar por el comportamiento marginal de una minoría.
Además, la asociación estima que la recaudación por este concepto está sobredimensionada. La aplicación de la normativa supone un montante de casi 70 millones de euros, aunque los estudios del Ministerio de Cultura señalaban una cifra en torno a los 11 millones.
¿Está justificado el “canon digital” en la actualidad? ¿Es un regreso al pasado?