El Tribunal de Justicia de la UE ha dado la razón a Google en su disputa contra la Agencia Española de Protección de datos (AEPD) al dictaminar que los servicios de motor de búsqueda en Internet no son responsables de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan. El caso se remonta al año 2010 cuando un ciudadano acudió a la AEPD para que pidiera a Google la eliminación en los resultados de búsqueda sus datos que estaban vinculados a un anuncio publicado en un periódico de una subasta de inmuebles relacionado con un embargo por deudas a la Seguridad Social. Este ciudadano alega que ese embargo estaba solucionado desde hace años y carecía de relevancia por lo no quería que su nombre apareciera. La AEPD denegó la petición de borrar el anuncio original del periódico al considerar que los datos tenían justificación legal para dar una mayor publicidad a la subasta de inmuebles actuó a petición del interesado. Google recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional indicando que la fuente original es la responsable del tratamiento de los datos contenidos en las páginas web que procesa, resaltando que no controla su contenido ni puede distinguir entre datos personales y de otro tipo.
La Audiencia Nacional remitió el caso al Tribunal de Justicia de la UE y ayer se pronunció a través de un dictamen que presentó Niilo Jääskinen, el abogado general del tribunal, que explicó que una una autoridad nacional de protección de datos no puede requerir a un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet que retire información de su indice. Alega que la normativa de la UE no establece ningún derecho al olvido generalizado y que no puede invocarse este derecho frente a los motores de búsqueda.
El dictamen señala que los derechos de rectificación, supresión y bloqueo de datos establecidos en la normativa europea se refrieren a los casos en los que los datos son incompletos o inexactos y este no es el caso.
El dictamen no es vinculante, aunque los jueces siguen sus recomendaciones en el 80 % de los casos.
La Unión Europea está tramitando una reforma de la directiva de protección de datos que sí incluye explícitamente el derecho al olvido a nivel absoluto
