Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, Youtube o Apple. La lista de empresas vinculadas en la trama de espionaje que ha destapado Edward Snowden, un exempleado de la NSA y la CIA, el pasado mes de junio no ha sorprendido a nadie. El individuo explicaba que en las labores de “vigilancia“ que llevaban a cabo los órganos de inteligencia de Estados Unidos contaban con la colaboración de estos gigantes tecnológicos, gracias a la información privilegiada a la que acceden a través de los datos de sus clientes. Lógicamente la defensa de estas empresas no se ha hecho esperar: solo proporcionaban aquella información que las autoridades les exigían de acuerdo a las leyes y negando cualquier tipo de acceso libre a sus servidores y a los datos de los usuarios almacenados en ellos. Según el estudio que lleva a cabo cada mes la empresa Eset este hecho es lo más destacado que sucedió en junio en materia de seguridad. Pero hay más. En España, por ejemplo, el borrador del anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia contempla la posibilidad de que los jueces autoricen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a instalar software malicioso en los sistemas de aquellos sospechosos de haber cometido delitos con penas máximas superiores a tres años; lo que abre un debate acerca del derecho a la privacidad de los usuarios.
En este mismo ámbito policial, el troyano más importante en el pasado mes fue el ransomware, con nuevas variantes que incluían nuevas funciones como un registro de las pulsaciones o keylogger.
