Desde el pasado mes de julio hay mucha más dureza con los piratas informáticos. La “culpa” recae en el nuevo Código Penal que ha modificado gran parte de su articulado y ha ampliado determinadas conductas que pueden suponer la comisión de un delito por el uso de obras, productos o servicios sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, como en el caso del software. Así, las multas pueden llegar a los 288.000 euros y hasta cuatro años de prisión. Además de la lógica suspensión de las actividades, la clausura de locales y establecimientos o la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
Para concienciar de estas nuevas actuaciones penales, BSA está llevando a cabo una serie de campañas para concienciar a las empresas de la idoneidad de hacer uso de software legal. Tras Málaga, Bilbao y Valencia, ahora le toca a Madrid, que presenta un ratio preocupante: el 32 % de los programas informáticos en empresas con sede en la comunidad madrileña no dispone de licencia legal.
Para dar una dimensión monetaria de este problema BSA contabilizó en 2014 un montante de 800.000 euros, un 17% más que en 2013, que las empresas destinaron a multas e indemnizaciones por este asunto.
La campaña puesta en marcha por BSA incluye una página web (www.leysoftware.net), y una línea de atención telefónica (900 834 947) para que empresas y directivos se informen sobre las ventajas del uso de software legal y las consecuencias operativas y legales asociadas a la instalación y uso sin licencia.
