La AUI (Asociación de Usuarios de Internet) ha denunciado al Gobierno por la Ley de Propiedad Intelectual ante la representación española de la Comisión Europea por la falta de notificación, la limitación de la competencia y la incompatibilidad con diferentes directivas y tratados europeos.
La denuncia se basa en que el artículo 32.2 no fue notificado a la Comisión Europea (DG Empresa), al tratarse de un “Proyecto de reglamentación técnica”. La asociación cree que la aprobación de la ley se debe aplazar hasta que se cuente con la la efectiva aprobación de la Comisión, en los términos recogidos en la Directiva 98/34 CE. El hecho de que España notificara a la Comisión una versión inicial del Proyecto de Ley no exime de la obligación de notificar la modificación concreta del artículo 32.2 de la LPI.
El incumplimiento por parte de las autoridades españolas de su obligación de notificación constituiría una infracción del artículo 8 de la Directiva 98/34/ y del artículo 4.3 TUE. Y además cree que puede implicar que el denominado “canon de agregadores” no se pueda hacer valer contra las empresas que tienen que pagar la compensación según recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.
Miguel Pérez Subías, presidente de AUI, explicó que “hemos decidido interponer esta denuncia para frenar esta incomprensible reforma de la LPI, consideramos que toda ella es un ataque a los derechos de los usuarios, a la libertad de información y a la innovación en Internet. Una reforma que contraviene varias directivas y tratados europeos y que nos llevaría a ser el primer país del mundo en el que el autor de un contenido no pudiese disponer que estos puedan usarse libre y gratuitamente por otros”.
