El 10º eje del plan España Digital 2025 está centrado en los derechos digitales. La intención del Gobierno es garantizar los derechos de las personas en un mundo digital. La elaboración de una Carta de Derechos Digitales era el principal objetivo de este eje y se ha conseguido. En julio de 2021 se aprobó la carta que contiene en seis categorías todos los derechos para garantizar las libertades y la igualdad en el medio digital y en los nuevos entornos laborales, empresariales y en otros específicos.
El último eje del Plan España Digital 2025 tiene tres objetivos principales: reforzar los derechos de la ciudadanía en el mundo digital, ofrecer certidumbre tanto a las empresas como a los particulares y a las Administraciones Públicas en el uso de las tecnologías y aumentar la confianza de los ciudadanos en el uso de las tecnologías digitales.
Dentro de este eje se encuentran cuatro medidas principales. La primera y más destacada es la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, la segunda es el fomento del humanismo tecnológico, la tercera es la relacionada con la participación en iniciativas europeas y debates internacionales en materia de derechos digitales y la última se refiere a la modernización del marco laboral aplicable al trabajo a distancia.
Carta de Derechos Digitales
La Carta de Derechos Digitales se ha planteado como un marco de referencia para garantizar los derechos de los ciudadanos y las empresas en la nueva era digital. Su finalidad es sentar las bases para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos; y contribuir a los procesos de reflexión que se están dando en Europa sobre los derechos digitales para garantizar una digitalización humanista.
La carta recoge en seis categorías los derechos digitales. La primera está dedicada a los derechos de la libertad entre los que se encuentran el derecho a la identidad en el entorno digital, a la protección de datos, al pseudonimato, a no ser localizados y perfilados, a la ciberseguridad y a la herencia digital.
La segunda categoría recoge cinco derechos de igualdad. Entre estos derechos figuran el de la igualdad y a la no discriminación, al acceso a Internet y a la protección a las personas menores de edad.
La tercera categoría es la dedicada a los derechos de participación y de conformación del espacio público. Incluye el derecho a la neutralidad de Internet, la libertad de expresión y la libertad de información, a recibir libremente información veraz y a la educación digital y a la participación ciudadana por medios digitales. En este bloque también se recogen los derechos digitales de la ciudadanía en su relación con las Administraciones Públicas.
La cuarta categoría recoge los derechos del entorno laboral y empresarial, mientras que la quinta está dedicada a los derechos en entornos específicos. En esta última se incluyen seis derechos entre los que figuran el derecho de acceso a los datos con fines de investigación científica o histórica, estadísticos o de innovación y desarrollo, el derecho a un desarrollo tecnológico y un entorno digital sostenible y los derechos ante la inteligencia artificial o el empleo de las neurotecnologías.
La sexta categoría es la de las garantías y la eficacia en la que se indica que todas las personas tienen derecho a la tutela administrativa y judicial de sus derechos en los entornos digitales de acuerdo a la legislación vigente y que el Gobierno adoptará las disposiciones oportunas, en el ámbito de sus competencias, para garantizar la efectividad de la carta.
Otras medidas
Junto con la publicación de la Carta de Derechos Digitales, el eje contempla otras medidas como el fomento del humanismo digital a través de la creación de iniciativas y espacios de debate para analizar el impacto de la tecnología en la sociedad y generar ideas para construir un futuro más justo. La intención del Gobierno es trabajar para que estas iniciativas impacten en cuatro áreas claves: la innovación pública, la confianza y la seguridad digital, el crecimiento justo y equitativo y el empoderamiento ciudadano.
Otra de las medidas es la participación en iniciativas europeas y debates internacionales en materia de derechos digitales. En este sentido, el Ejecutivo quiere que España refuerce su presencia en foros de gobernanza digital a nivel internacional. En este terreno se encuentran espacios como los comités o foros para la protección de los derechos de los menores en Internet, la privacidad y la protección contra el contenido dañino en línea con la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la OCDE; y la hoja de ruta para la cooperación digital de las Naciones Unidas, entre otros.
La última medida es la relacionada con la modernización del marco laboral aplicable al trabajo a distancia. El Gobierno aprobó en julio de 2021 la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, que regula esta modalidad laboral para asegurar la productividad y los derechos de los trabajadores.
La aprobación de esta ley y la publicación de la Carta de Derechos Digitales suponen que el objetivo de este eje esté prácticamente cumplido, aunque todavía falta profundizar en el desarrollo del humanismo digital, cuyo nivel de avance está en el 50 % —según calcula el Gobierno—, y en la participación en los foros internacionales en materia de derechos digitales. En este último aspecto, se ha avanzado un 80 % de lo previsto hasta el año 2025.
