Aunque en un principio pueda parecer lo contrario las personas o compañías que instalan software ilegal, no solo no ahorran dinero sino que lo tienen que emplear identificando, reparando y recuperándose de los efectos del malware, infecciones y ataques cibernéticos que se aprovechan de este tipo de soluciones y de su falta de soporte.
Y es que, el uso de software ilegal causa un gran perjuicio económico tanto a empresas como a particulares. 2012 ha sido un año en el que, según asegura la BSA (Business Software Alliance), se ha disparado el número de acciones legales en nuestro país. De hecho, la compañía asegura que durante el año pasado se realizaron un 24% más de estas acciones en España contra empresas por utilización de software sin licencia. Y es que, casi la mitad del software utilizado en España es ilegal (44%), con un valor comercial récord de 874 millones de euros en 2011.
BSA ha comunicado que el coste del uso de software sin licencia ascendió a 12,5 millones de euros para las empresas en EMEA. Este coste, fruto de las acciones legales llevadas a cabo por BSA, se incrementó en nuestro país un 15 % respecto al año 2011 y alcanzó los 728.000 euros en 2012, frente a los 636.000 euros del año anterior. En EMEA, BSA recibió alrededor de 3.200 denuncias relativas a empresas que estaban usando software ilegal y realizó más de 2.000 acciones legales. En España se llevaron a cabo 16 registros y los sectores que acapararon más denuncias fueron la ingeniería, la industria y la arquitectura y diseño.
Riesgos para las empresas
Los riesgos para las empresas que utilizan software ilegal pueden ser muy graves. Primero, los económicos, que puede alcanzar cantidades muy importantes llegando, en algunos casos, a superar los dos millones de euros. Otros problemas son la pérdida de datos, fallos críticos del sistema o una mayor exposición a ataques de virus informáticos y malware.
En el momento en el que la BSA recibe la denuncia tiene que verificar esta información y presentarla a un juez que es el que decidirá si concede o no una orden de registro sin previo aviso en la empresa denunciada. Tras realizar el registro, si es necesario se continua con el procedimiento hasta la sentencia.
Últimos casos
Durante el pasado mes de abril BSA efectuó dos registros en dos empresas por presunto uso de software ilegal. Una de empresas investigadas fue Fraile y Blanco, dedicada a la publicidad y con domicilio en Santander. BSA registró las instalaciones de esta compañía el pasado día 3 de abril para inspeccionar sus ordenadores. La inspección de 10 equipos detectó software presuntamente ilegal por un importe que puede oscilar entre 25.000 y 40.000 euros, a falta de confirmación pericial.
La otra acción se llevó a cabo en la empresa Medianraiz, dedicada al sector industrial con sedes en Zumaia (Guipúzcoa). El registro se llevó a cabo el día 12 de abril y se inspeccionaron 18 ordenadores. Tras la inspección se detectó software presuntamente ilegal por un importe de 500.000 euros — a falta también de confirmación pericial—.
Uno de los últimos casos fue el de Serveis Auxiliars de Telecomunicaciò de Catalunya. BSA realizó una investigación por presunta utilización y reproducción de software ilegal. La valoración estimada de posibles perjuicios económicos oscila entre125.000 y 175.000 euros. El pasado 29 de abril se llevó a cabo un registro en las tres sedes que tiene la compañía en Lérida, siendo inspeccionados unos 45 ordenadores y detectándose software presuntamente ilegal.
