La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de abrir un procedimiento sancionador a Google por su política de privacidad. La entidad, después de varias investigaciones, ha concluido que existen indicios de haber cometido varias infracciones. Por ejemplo, la AEPD ha visto que Google no informa claramente sobre el uso que va a hacer de los datos que recoge de los usuarios, por lo que estos no pueden conocer de forma precisa qué fin justifica la recogida de sus datos personales ni la utilización que se hará de los mismos. Además, en el marco de la unificación de políticas de privacidad, es posible que Google pueda combinar la información personal de un servicio con la de otros y utilizarla para otras finalidades. La ausencia de información por parte de Google podría implicar que el tratamiento de datos que realiza fuera ilegítimo. Google podría estar haciendo un tratamiento desproporcionado de los datos de sus usuarios, ya que en su política de privacidad advierte de que podrá utilizar los datos recabados de forma ilimitada en todos sus servicios, presentes y futuros. Otro hecho que ha constatado la AEPD es que Google podría estar conservando los datos de sus usuarios por tiempo indeterminado o injustificado. La ley establece que los datos personales deben ser cancelados una vez que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que fueron recabados, y Google los mantiene más allá de estos plazos.
Por último la AEPD considera que el ejercicio de derechos por parte de los usuarios podría verse obstaculizado e incluso impedido, ya que las herramientas que ofrece Google para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se encuentran dispersas, no están disponibles para todos los usuarios, son incompletas y aparecen con denominaciones que no siempre se corresponden con la materia que se trata.
En consecuencia, el procedimiento sancionador imputa a Google Spain y Google Inc. la presunta comisión de cinco infracciones graves de la LOPD, sancionables con multas de 40.001 euros a 300.000 euros.
Esta acción tiene lugar en el marco de una actuación coordinada con las Autoridades de Protección de Datos de Alemania, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido.
