El sector público: luces y sombras de una inversión crítica para las TIC

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Supone más de un tercio de la inversión TIC que se lleva a cabo en España. Según los datos recogidos por la Plataforma de Información de Market Intelligence AdjudicacionesTIC.com, la inversión realizada en España por las diferentes Administraciones Públicas se elevó por encima de los 2.614 millones de euros en 2016. La aprobación de los Presupuestos Generales, el pasado mes de mayo, abría en teoría un nuevo horizonte de inversión tecnológica a las Administraciones Públicas. Aunque no se ha producido una avalancha inversora, la mayoría de los proveedores reconoce que la situación, sin ser óptima, pinta mejor, y vislumbra un panorama más despejado para 2018.

“Han salido a la luz algunos expedientes que llevaban un atraso de varios años”, reconoce Manuel Sánchez, director del sector público en Fujitsu, que explica que hay un mayor dinamismo a nivel autonómico y local, especialmente en el ámbito socio-sanitario y en el mundo de la justicia; sin embargo “la mayoría de los expedientes se corresponde con los que fueron congelados el año anterior y que se tramitaron de forma anticipada sobre el presupuesto de 2017 lo que no ha permitido el desarrollo de nuevos proyectos de innovación adicionales”, analiza con tino.

Los años de restricción han conducido a una priorización de las inversiones y a un análisis más profundo en la manera en la que se hacen las mismas. Enrique Cortés, director de ventas para el sector público en IBM España, Portugal, Grecia e Israel, asegura que la Administración ha invertido en aquellas iniciativas más relacionadas con el mantenimiento y la eficiencia. “Aun así, se han acometido proyectos tecnológicos a nivel local que han supuesto significativas mejoras en los servicios al ciudadano”, valora.

Educación, sanidad y justicia son las tres áreas que Manuel Alonso-Alberti, responsable de sector público de HP España, señala como destinatarias de los últimos concursos públicos que se han publicado tras la aprobación de los presupuestos generales del estado. “2017 es el año de la recuperación de los niveles de compra de la Administración”, valora en un tono claramente optimista.

Sin embargo, todavía hay un largo camino a recorrer. En lo que concierne a la Administración General (AEG), Manuel Sánchez argumenta que las dificultades que se observan no son únicamente presupuestarias sino también a nivel organizativo. “La Secretaría General de Administración Digital debe facilitar un mayor dinamismo”, solicita. La realidad es que existen numerosos expedientes congelados desde hace casi de dos años, como es el caso del contrato de comunicaciones para el Ministerio del Interior, los proyectos SOC de ciberseguridad y los servicios de transformación digital como la analítica de datos y el acceso a los procedimientos de tramitación mediante dispositivos móviles. “Adicionalmente, las  dificultades en el catálogo 26 están ralentizando los expedientes y replanteando a las Administraciones Públicas la tramitación mediante la agrupación en grandes lotes que saldrán a la luz el próximo año 2018 como alternativa”, explica el responsable del negocio público de Fujitsu.

La restricción presupuestaria sigue vigente; de ahí que se apela a la búsqueda de otras fuentes de financiación, entre las que destacan los fondos europeos. “Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales están tratando de captar las oportunidades de financiación procedentes de Europa, que en muchos casos superan la disponibilidad presupuestaria de los años de bonanza”, explica Fernando Mediavilla, public sector & health market leader de Atos Iberia.Los programas FEDER de las smart cities son un ejemplo”, especifica.

Algunos proveedores sienten que, a pesar de la aprobación de los presupuestos, la inversión no termina de materializarse. Manuel Cazorla, director general de Sistel, se refiere, incluso, al proceso de digitalización. “La Administración Pública no está en niveles de gasto que justifiquen una apuesta por esta”, asegura. “De hecho, a día de hoy incumple la ley que exige tener capacidades suficientes para ofrecer servicio telemático al ciudadano”, critica.

Lo local y autonómico versus lo general

El complejo mapa administrativo que tiene España arroja un panorama dispar dependiendo del destino que cada gobierno o municipio quiera dar a sus partidas presupuestarias. Algunos proveedores aseguran que las administraciones locales y autonómicas exhiben una mayor innovación que la Administración Central. A juicio de Manuel Álvarez, la diferencia no solo reside en el asunto presupuestario sino organizativo. “Se echa en falta un mayor impulso en la Secretaría General de Administración Digital que evite el retraso que está impactando en los expedientes de la AGE”, reclama.

Incluso hay diferencias en los modelos de compra. Manuel Alonso-Alberti explica que las administraciones autonómicas han sido más innovadoras, transformando los contratos tradicionales de suministro en contratos de servicio. La Comunidad de Aragón o Cantabria han licitado contratos de gestión del puesto de usuario que incluyen varias capas de servicios. “Cataluña o La Rioja llevan haciéndolo desde hace años”, recuerda. En el caso de la administración riojana, se ha adjudicado este año un contrato de gestión del puesto de usuario por un valor de 35 millones de euros, “en el que se entremezclan servicios de alto valor y suministro de hardware”.

El responsable de HP asegura que el crecimiento en las inversiones en microinformática está liderado por las Comunidades Autónomas. La inversión local se ha incrementado sustancialmente, especialmente en el área de la educación con concursos como el ofertado por la Xunta de Galicia, con 22.000 portátiles para estudiantes y profesores, los 16.000 equipos publicados en la Comunidad Canaria, los 17.000 equipos de la Generalitat de Valencia o los 12.000 licitados por la Junta de Andalucía. También en Sanidad se han publicado importantes concursos que llevaban tiempo anunciados y que han recibido la dotación presupuestaria necesaria, como los 16.000 equipos para Osakidetza licitados por el Gobierno Vasco o los 8.000 publicados por la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, en lo que va de año, la AGE solo ha llevado a cabo un proceso de compra agregada frente a los dos procesos que lanzó en 2016 y los tres que presentó en 2015. “Sin embargo, desde el mes de julio los Ministerios han recibido luz verde para poder lanzar sus propios concursos, con el fin de flexibilizar las compras y poderlas adaptar a las necesidades específicas de cada uno de ellos”, prevé Alonso-Alberti. A su juicio, el retraso de la entrada en vigor del nuevo Acuerdo Marco para la Contratación de los suministros de Microinformática de la AEG, que debería haber entrado en vigor en agosto, explica el descenso. “Entrará en vigor en enero de 2018 por un tiempo máximo de dos años y medio y por un valor total de 138 millones de euros, lo que augura un futuro esperanzador para el negocio público en España”, prevé.

Sin embargo en la AEG se han hecho grandes proyectos. Moisés Camarero, director general de Compusof, recuerda que la Agencia Tributaria, dependiente de esta Administración, tiene una de las mejores plataformas TIC del mundo. “El Tribunal Constitucional también tiene una excelente gestión e infraestructura TIC y el Senado acaba de establecer un nuevo benchmark en lo que se refiere a comunicaciones”, enumera. También tiene buenos ejemplos en el ámbito local. “El servicio gallego de salud (SERGAS) y el vasco (OSAKIDETZA) también disponen de plataformas punteras. Además, el servicio educativo andaluz es pionero en la implantación de wifi en las escuelas públicas”.

En IBM también defienden la innovación en las tres escalas. Cortés asegura que la Administración General del Estado ya está innovando con inteligencia artificial para la atención a ciudadanos y empresas. “En el área autonómico se han desplegado sistemas que permiten tener una visión 360º del usuario para personalizar servicios y, finalmente, en instituciones locales se está aprovechando el potencial del Internet de las Cosas para extraer información de valor que apoye la toma de decisiones en temas que afecten el día a día de las ciudades en proyectos de smart cities”, enumera. “Sin embargo, no podemos obviar que todavía existe una brecha digital entre municipios en esa incorporación al modelo inteligente”, puntualiza.

La estrategia digital es materia obligatoria. Alberto Redondo, marketing manager Iberia & Latam de Seres, analiza que en el caso de la que están adoptando los negocios locales, la inversión se ha basado, sobre todo, en optimizar la realizada desde el gobierno central o el autonómico. “Aquellos servicios públicos desarrollados por el gobierno central o autonómico han sido adaptados a las necesidades locales, de manera que el desarrollo logrado se comparte y se optimiza en vez de necesitar una nueva inversión para lograr lo mismo”.

¿En qué invierte la Administración? 

Una gran parte de las partidas presupuestarias sigue enfocada al mantenimiento y la renovación de las infraestructuras, lo que reduce los proyectos que tienen como objetivo la transformación digital. “La restricción del gasto público se mantiene para contener los niveles de deuda y reducir el déficit público”, explica Fernando Mediavilla. Ahora bien, puntualiza que las partidas de inversión se tratan de forma diferente. “Y las administraciones están utilizando fondos europeos y nuevas fuentes de financiación”.

En lo que respecta al entorno microinformático, las inversiones se han centrado fundamentalmente “en la actualización tecnológica del obsoleto parque actual, con un bajo porcentaje de contratos de puro mantenimiento”, analiza Alonso-Alberti. En este mismo área, Moisés Camarero asegura que el valor añadido de la AEG se ha limitado a abaratar algo más las compras de los PC, “ya de por sí comoditizados”.

Nube, ¿existe en la Administración?

No hay mucha nube en la administración pero, poco a poco, los proyectos en el cielo han empezado a aparecer. El responsable de Fujitsu explica que los proyectos existentes se enfocan más al entorno de un cloud privado que público. “Los principales desafíos pendientes se circunscriben al área del software como servicio y las fórmulas de contratación, la propiedad intelectual y la adecuación a las nuevas normativas de seguridad ENS y GPRS”, enumera.

En el caso de la multinacional japonesa, existen tímidas iniciativas en base a pilotos y pruebas de concepto con varias Administraciones Públicas en los tres estados. Es el caso de la DGT, la Comunidad Madrid, Minetad, red.es o la Junta de Andalucía. “Sin embargo se están empezando a catalogar como iniciativas cloud los contratos tradicionales de housing y hosting lo que distorsionará las estadísticas”, advierte Sánchez.

Una de las ventajas del cloud es que sitúa en la misma casilla de salida a empresas de todo tipo, independientemente de sus capacidades y tamaños en las áreas de tecnología, lo que es aplicable al ámbito de la Administración Pública. “Nace con el concepto de automatización”, recuerda el director del negocio público en IBM. “Permite a organizaciones de todos los tamaños hacer fácil y accesible la puesta en marcha de servicios apoyados en las tecnologías más innovadoras, reduciendo además los tiempos entre la concepción de una idea hasta su puesta en marcha”. Enrique Cortés señala a las entidades locales, que están desarrollando iniciativas en torno a las ciudades inteligentes, como punteras en la adopción de cloud. “También las organizaciones de mayor tamaño están trabajando con nuestros sistemas cognitivos en la nube para asistir al funcionariado en trámites con el ciudadano”, completa.

Gonzalo Díe, director de sector público de Microsoft, explica que sus clientes en este apartado están dándose cuenta de que la transformación en un entorno predominantemente digital es inevitable. Las entidades gubernamentales de todos los tamaños se han percatado de que los ciudadanos están consumiendo más información y servicios que nunca, de modo que tienen la posibilidad de ofrecerles servicios más innovadores y efectivos que respondan a sus expectativas”. La marca, por ejemplo, ha desarrollado proyectos digitales con el Ayuntamiento de Tres Cantos o en el área de sanidad de Castilla y León (SaCyL), con Office 365 como elemento central de los mismos. También son referencia la transformación del modelo de trabajo interno de la Agencia Tributaria, que ha renovado sus dispositivos para que sus inspectores puedan realizar su trabajo de inspección en movilidad, “pudiendo acceder a toda la información y a todos los recursos de la Agencia de manera remota y con las máximas garantías en términos de seguridad”.

Díe destaca el ámbito de la sanidad como referente en algunas iniciativas de transformación digital. Es el caso, por ejemplo, del proyecto con la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz para permitir la aceleración de los procesos de diagnóstico de pacientes que sufren patologías de índole genético.

No olvidan los proveedores señalar los frenos que existen al desarrollo de la nube en el ámbito público. Moisés Caballero recuerda que nuestra legislación obliga a que los datos públicos de cada país residan en él, “lo que limita el impacto de la oferta asociada a la nube”, analiza. Las Administraciones Públicas están sujetas a restricciones normativas europeas y nacionales sobre protección de datos y desarrollo económico, lo “que impide que puedan acceder a una oferta de servicios cloud tan variada como una empresa privada”, remata Fernando Mediavilla. “El efecto Snowden se nota mucho más en las AAPP que en el sector privado”.

La obsolescencia y la antigüedad, un problema

De acuerdo al informe Reina 2017 que ha publicado el Ministerio de Hacienda a comienzos de este año, el parque informático de la AGE alcanzaba los 531.000 equipos entre ordenadores personales, servidores y mainframes, de los que el 62 % tenía una antigüedad superior a cuatro años. Sumado el parque de las Comunidades Autónomas, Manuel Alonso-Alberti reconoce que las restricciones presupuestarias derivadas de la reciente crisis han llevado al sector público a una situación preocupante de obsolescencia.

“No vale tener equipos y sistemas de hace más de 5 años para funcionar en el día a día, no sólo resulta más caro de mantener sino que además nos hacen perder competitividad ante el ciudadano”, denuncia el director general de Sistel.  “Es necesario combatir la obsolescencia tecnológica de la Administración como vía para garantizar los servicios y las comunicaciones pero también para reducir costes; la obsolescencia es muy cara”.

Muchas soluciones que se han implantado están pensadas únicamente para la automatización de los procesos de backend y, por tanto, tienen escaso foco en los ciudadanos. “Se ha perdido el tren especialmente en campos como el big data y la analítica de datos”, apunta el responsable del sector público de Fujitsu. A su juicio, el porcentaje de uso por parte de los ciudadanos de la Administración Electrónica sigue siendo bajo en comparación con otros países de nuestro entorno, tal y como destaca el último informe de eGovernment 2017 de la Comisión Europea. “En el área de la movilidad, por ejemplo, menos de un 15 % de los procedimientos puede ser gestionados a través de un smartphone”, denuncia. Y eso a pesar de que España, junto a Singapur, es el país que posee una mayor tasa de penetración de este tipo de dispositivos a nivel global. “La transposición práctica de la ley 39/40 de Administración Electrónica, al igual que en el campo de la Justicia, todavía están pendientes de dar un salto real cualitativo”, alerta.

Es importante que la Administración Pública identifique la tecnología como una inversión y no como un gasto. “La inversión TIC tiene un claro retorno para la Administración”, insiste Enrique Cortés que asegura que no tenemos una Administración obsoleta. “El sector público cuenta con un equipo de excelentes profesionales TIC, que ha sabido extraer el máximo partido a unos presupuestos ajustados y hacer con ellos un gran trabajo”, analiza.

No falta la referencia a la crisis y la falta de gobierno que ha vivido España en los últimos tiempos. Alberto Redondo asegura que muchos proyectos digitales han sufrido una cierta paralización. Sin embargo, recuerda que desde el año 2013 está proyectada la Agenda Digital para España en la que está marcada la hoja de ruta para cumplir la exigente Agenda Digital Europea. “Esto ha permitido que en los últimos años se hayan transformado muchos de los servicios públicos, haciéndolos electrónicos y eficaces; si bien es cierto todavía que queda mucho por hacer”.

Hay que invertir, ¿en qué?

El panorama de oportunidades en el segmento público aparece mucho más despejado de cara a 2018. “Las principales oportunidades se siguen centrando en el área socio-sanitaria, el mundo de la justicia, en el que urge una renovación de las infraestructuras y soluciones que permitan una mayor agilidad en los procedimientos; las telecomunicaciones, como es el caso de las escuelas conectadas; la renovación de los contratos de soporte de las infraestructuras TIC; y el programa de ciudades inteligentes liderados por Red.es gracias al apoyo presupuestario de la Comisión Europea”, enumera el responsable del segmento público de Fujitsu. “El entorno de defensa y homeland security continuará siendo un área de inversión importante en los próximos años”, completa.

De cara a 2018, Enrique Cortés cree que el objetivo sería perseguir una mayor “hiperpersonalización” de la relación entre las Administraciones Públicas y las personas, teniendo en cuenta la situación del ciudadano, sus necesidades, obligaciones y derechos. No olvida tampoco referirse a uno de los mantras de IBM: la computación cognitiva que a su entender permite una mejora de los servicios públicos y una reducción de los costes a través de la eficiencia. “Ayuda a identificar y simplificar procesos, evaluar cuáles son más susceptibles de ser automatizados con técnicas de RPA (Robotic Process Automation), ayudando a la Administración a ejercer un rol más proactivo en su relación con el ciudadano y la empresa”.

El desarrollo de proyectos de transformación digital es otro área de oportunidad. El responsable de Microsoft señala los tres segmentos más activos: la mejora de los servicios al ciudadano, incluidos los portales de transparencia; las soluciones que permiten el desarrollo de las smart cities y la modernización del puesto de trabajo de los funcionarios.

El representante de Atos asegura que las nuevas leyes 39 y 40 de procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas y de régimen jurídico del sector público son muy ambiciosas. “Contienen cambios de gran calado que requieren inversiones, desarrollos reglamentarios y esfuerzos coordinados en múltiples ámbitos”, analiza. A su juicio, es una de las principales áreas de inversión para los próximos años, con el fin de adaptar las Administraciones Públicas a la realidad digital.

También el desarrollo del IoT, que no escapa de lo público, y los proyectos relacionados con la movilidad. Moisés Camarero identifica los entornos móviles como las áreas que mayor inversión requieren, “tanto en el área de los dispositivos de acceso como en las redes de comunicaciones, especialmente el entorno inalámbrico”.

Los numerosos concursos que están pendientes de adjudicar se tornan en la oportunidad más clara. Entre ellos, el Acuerdo Marco del Gobierno Vasco (EJIE) o el nuevo Acuerdo Marco para equipos microinformáticos licitado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que se cifra en 138 millones de euros.

La seguridad, asignatura pendiente

A pesar del aumento en gasto público, la administración pública española todavía tiene que mejorar enormemente sus medidas de seguridad. Lo cree Mario García, director general de Check Point en España y Portugal, que pone sobre la mesa, por ejemplo, la incidencia de seguridad que tuvo LexNET (la plataforma de intercambio de información entre órganos judiciales y operadores jurídicos) que permitía a los ciberdelincuentes acceder a los archivos de cualquier abogado de España. “El Estado debe aumentar drásticamente el presupuesto para la protección de las empresas públicas”, recomienda.

En el primer cuatrimestre de 2017 las infraestructuras críticas sufrieron 247 ciberataques, lo que supone que si continúa la tendencia, a final de año se superarán más de 700 incidentes, frente a los 379 del año pasado. García analiza que, ante este panorama, los 24,3 millones de euros al Incibe y los 161 millones de euros al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previstos para reforzar la ciberseguridad “se nos quedan cortos ya que es un presupuesto inferior al que reciben, por ejemplo, las vallas de seguridad”.

El principal problema es que gran parte de la Administración Pública trabaja con software obsoleto. “Estos programas tan antiguos no reciben soporte por parte del fabricante, por lo que no solucionará las vulnerabilidades que descubran los ciberdelincuentes”, analiza el director general de Check Point. Es el caso, por ejemplo, de los hospitales que siguen utilizando Windows XP. “Los sistemas operativos obsoletos son muy peligrosos ya que los ciberdelincuentes utilizan malware antiguo para atacarlos sin que el usuario pueda hacer nada”, insiste. “En materia de seguridad, el sector público es completamente obsoleto”.

Otro problema es que, ante la falta de presupuesto, muchas empresas públicas no tienen un software de seguridad que detenga a los ciberataques más avanzados, como el ransomware, el phishing o los ataques de día cero. “Muchas de las Administraciones Públicas están completamente expuestas ante el próximo WannaCry”, pronostica. “Es incomprensible que en pleno 2017 las empresas públicas estén trabajando con sistemas operativos o suites ofimáticas que no reciben soporte. La Administración tiene información sensible sobre todas las personas del país, y los ciberdelincuentes lo saben”, remata García.

Por último, una gran parte de las plantillas no tiene ningún tipo de formación básica sobre ciberseguridad. “El ser humano es el eslabón más débil de la cadena de protección” recuerda García. “Las instituciones tienen que conseguir mediante la educación que dejen de ser aliados involuntarios de los cibercriminales cuando abren un email de un remitente desconocido o descargan un archivo de un lugar sospechoso”.

Ante el panorama, Eduardo Cortés asegura que la ciberseguridad supondrá una gran oportunidad de crecimiento. “Se consolidará como prioridad de las organizaciones”, prevé. “Es imperativo invertir en seguridad, porque si tu organización sufre una brecha de seguridad, cualquier esfuerzo por modernizarse queda en vano”.

Es obligatorio aplicar medidas de seguridad adecuadas. Mario García recomienda, como indispensables, la desinfección de archivos, el sandboxing avanzado y la extracción de amenazas, que “combinadas son muy eficaces contra los ataques desconocidos a nivel de red y directamente en los endpoints”, analiza.

“Tanto a nivel de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas, la ciberseguridad es una asignatura pendiente que no podrá demorarse más tiempo”, remata el responsable del sector público de Fujitsu.

 

 

 

 

 

 

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