En un mundo ideal, cualquier proyecto político debería contemplar en su programa electoral una estrategia de promoción de las TIC en cualquier ámbito social y perseguir el objetivo de un acceso a las mismas por parte de toda la población, incluidos aquellos grupos con más dificultades de integración social y económica.
En la práctica, sin embargo, hay comunidades, ayuntamientos y municipios que promueven más que otros el uso de las TIC, con independencia del signo político. ¿O no?
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