El consejo de ministros aprobó el pasado viernes el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que actualiza la normativa para adecuarla a las necesidades actuales y a los avances que ha experimentado el sector de las telecomunicaciones. La nueva ley, que actualiza la normativa vigente de 2003, se inserta dentro del Plan Nacional de Reformas que está llevando el Ejecutivo y tiene por objetivo crear el marco para el desarrollo de la economía digital, eliminando barreras y fomentado la competitividad para que el usuario se beneficie de una reducción de precios y de nuevas redes ultrarrápidas.
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas para facilitar el despliegue de las redes de última generación y mejorar la oferta de servicios a través de un impulso a la competencia y mejora de los servicios. Establece que se realizarán de manera periódica análisis de los distintos mercado para fijar en cadas uno obligaciones específicas y las condiciones de competencia más adecuadas a la situación real del mercado.
Los derechos de los usuarios relacionados con la protección de datos e carácter personal y la privacidad también se mejoran. Se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimiento de las obligaciones de los operadores manteniendo los derechos de los usuarios.
Se simplifica la actuación de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental. Además, la ley refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de a Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
La ley también quiere recuperar la unidad de mercado para que los operadores de telecomunicaciones tengan las misma reglas en toda la geografía nacional. Para ello se han diseñado nuevos mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Y se establecen requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes.
La nueva norma también contempla la simplificación administrativa para eliminar barreras normativas que las Administraciones imponen. De este modo, se simplificarán los procesos administrativos y se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias se sustituirán por declaraciones responsables.
Para facilitar el despliegue de redes y reducir los costes se facilitará el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará el derecho de cualquier usuario a poder acceder a las redes ultrarrápidas. Los operadores también podrán reutilizar canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados.
La nueva ley también modifica otros textos legales como la Ley 34/2002 , de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico para introducir precisiones sobre las cookies. Y también cambia la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica para que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de 5 años y no de 2 años como hasta ahora.
