Han pasado más de 14 años desde que Satoshi Nakamoto diera a luz a la primera criptomoneda, el Bitcoin, a través de un artículo publicado en octubre de ese año. A pesar de que en su nacimiento tan sólo unas pocas personas se interesaron por el mismo y se le consideró una mera extravagancia incluso carente de valor, hace poco más de un año la cotización BTC USD llegó a situarse en los 66.000 dólares por Bitcoin.
Las criptomonedas, así como la tecnología blockchain que las sustenta, han generado un gran interés en los últimos años; muchos inversores se han lanzado de cabeza a este mundo atraídos por altas rentabilidades a cambio de un gran riesgo. La promesa de algo que en 2011 incluso se repartía como premio de consolación a los perdedores en torneos de videojuegos, pero que ahora podía convertir rápidamente a una persona en millonaria, ha atraído a numerosos inversores. Igualmente, muchas otras personas y entidades generaban sus propios activos con los que imitar o superar las promesas del Bitcoin y otras de las criptos fundamentales.
Sin embargo, la alta volatilidad de las mismas, el crecimiento descontrolado de clientes y plataformas, ofertas en esquemas muy similares a los ponzi e incluso memes convertidos en activos con los que operar, todo ello salpicado con varios escándalos y colapsos de algunas plataformas, han hecho surgir la necesidad para muchos de establecer algún tipo de regulación para estas tecnologías (para otros este movimiento responde simplemente a una forma de sacar tajada de un pastel hasta el momento inalcanzable).
Métodos de regulación aplicados
Existen distintas formas en que se pueden regular las criptomonedas, y los enfoques varían según el país. Algunas opciones que se han considerado incluyen la regulación como activos financieros, como monedas o como bienes tangibles.
Respecto a la regulación como activos financieros, algunos países o entidades han definido a las criptomonedas (que no a todos los criptoactivos) como activos financieros, lo que significa que deben cumplir principalmente con requerimientos y normas relacionadas con la divulgación de información, prohibiciones de prácticas comerciales engañosas o fraudulentas, o exigencias de licencias a las distintas plataformas para intercambiar o negociar con criptomonedas.
En otros casos, distintas entidades han equiparado a las criptomonedas con las monedas tradicionales, debiendo cumplir con regulaciones similares a las que se aplican a otras monedas nacionales o extranjeras. Estas se centran principalmente en medidas de prevención del lavado de dinero (AML – Anti Money Laundering) y de conocimiento del cliente (KYC – Know Your Client), razón por la cual se registran y monitorizan determinados movimientos de dinero y se requiere una identificación para la operación en entidades financieras.
En relación a la identificación de las criptomonedas como bienes, algunas localizaciones han definido que las mismas deben estar sujetas a regulaciones similares a las que se aplican a otros bienes tangibles, lo que podría incluir impuestos sobre la propiedad de criptomonedas y requisitos de registro y declaración de las mismas.
No obstante, a pesar de las corrientes actuales de armonización de normas entre jurisdicciones, todavía existen países donde las criptomonedas no están reguladas específicamente. Esto puede dejar a los inversores y usuarios de criptomonedas en una posición vulnerable.
Los avances desde la Unión Europea
Hace tan solo unos meses, a mediados de octubre, la Unión Europea aprobó la ley del mercado de criptoactivos (ley MiCA – Markets in Crypto Assets). Esta ley busca promover principalmente la protección a los inversores y la responsabilidad de las plataformas.
Las medidas básicas van más allá del registro de los exchanges y obligan a los mismos a obtener una licencia para operar en actividades de explotación de una plataforma de negociación, emisión, custodia y administración de criptoactivos o asesoramiento (garantizando que las personas físicas que presten este servicio posean los conocimientos y experiencia necesarios). Dichas licencias requieren cubrir aspectos como ciberseguridad, protección de datos o prevención del blanqueo de capitales…
También recoge normas de conducta y responsabilidades frente a los inversores, además de establecer que los proveedores de servicios actuarán con honestidad e imparcialidad. Adicionalmente, se tratan temas como la publicidad u otros menos parecidos a regulaciones tradicionales como aquellos relacionados con las stablecoins (en un intento de equipararlas al trading de monedas) y el impacto medioambiental de la minería de criptos.
Es importante que cualquier regulación de criptomonedas tenga en cuenta la naturaleza única de estas tecnologías y equilibre la restricción de su potencial para impulsar el progreso y la innovación, con la protección a los inversores frente a posibles fraudes o engaños.
