El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado martes el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
El texto regula aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico. Entre las medidas que incluye están la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios (ICT); la coordinación de las obras civiles para posibilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad; o la reducción de trámites administrativos para la instalación de estaciones base de telefonía móvil. Además, incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que desde el Gobierno creen que contribuirá a alcanzar el objetivo de conectividad que se han marcado, de que la alta velocidad llegue al 100 % de la población en 2025.
Asimismo, el texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad, así como una regulación más flexible para alcanzar acuerdos de co-inversión entre operadores y un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas. También incorpora el establecimiento de compromisos voluntarios de acceso y la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia, con menos trámites administrativos.
Con el proyecto de ley se pone en marcha la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea, que tiene como objetivo impulsar la coordinación entre administraciones, estableciendo un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes, lo que agilizará su implantación.
En materia de derechos de los usuarios el proyecto de ley se alinea con la Unión Europea. Se mejora la transparencia de los contratos, se estable un máximo de 24 meses de permanecía, y se regulan los paquetes de servicios. En cuanto a portabilidad, se introducen nuevos derechos de los usuarios, como la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil para facilitar el cambio de operador; conservar el saldo prepago; mantener el número un mes después de la resolución del contrato; y el derecho al reenvío gratuito de correos electrónicos o al acceso a los mismos una vez rescindido el contrato. También se refuerzan los derechos de los usuarios con diversidad sensorial, y el servicio universal se actualiza, con el fin de garantizar un acceso asequible a las comunicaciones electrónicas, obligando a que dicho acceso permita la prestación de determinados servicios básicos tales como correo electrónico; herramientas básicas de formación y educación en línea; noticias, redes sociales o banca por internet, entre otros.
Este proyecto de ley pone fin también a las cabinas telefónicas y las guías de teléfonos, y permite que los usuarios contraten el abono social al operador que desee. Por último, se establecen mejoras en las comunicaciones de emergencia. Se mantiene el acceso gratuito al 112 y se realizan modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas en situación de emergencia que efectúan llamadas al 112.
