La patronal vuelve a mostrar su rechazo a la llamada “tasa catalana” que el Gobierno de Cataluña quiere aplicar a las operadoras de telecomunicaciones por cada línea contratada que dé acceso a Internet, ya sea en modo fijo o móvil. El último paso se ha concretado en una reunión que han celebrado José Manuel de Riva, presidente de AMETIC, con el conseller de cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferrán Mascarell.
Esta tasa gravaría a las operadoras con 0,25 euros mensuales por cada línea contratada en Cataluña. La “recaudación” se destinaría a la subvención del audiovisual catalán y a fomentar el acceso a Internet en los equipamientos culturales. Una opción que también cuenta con detractores en suelo catalán. Es el caso de Sergi Casamitjana, director de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) de Terrassa, que defendió que el responsable de fomentar el cine catalán es el Departamento de Cultura de la Generalitat: o el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) que se mostró contrario a la creación de un impuesto a un determinado sector de actividad.
La reunión entre AMETIC y el conseller de cultura sirvió para que de Riva recordara la alta fiscalidad que soportan las operadoras (hasta tres veces superior a la que tienen que afrontar sus homólogos europeos), lo que se vería agravado con esta tasa. Según un estudio de PwC, el sector de las telecomunicaciones soporta una carga tributaria en España de 3,4% que contrasta con el Reino Unido, con el 0,7%, o Alemania, con el 0,4%.
A juicio del presidente de la patronal, este impuesto les restaría ingresos con los que facilitar el despliegue de redes de alta velocidad, imprescindibles para el desarrollo de la economía digital. En el año 2013 invirtieron en España alrededor de 4.000 millones de euros, con una aportación a la ocupación laboral de casi 65.000 trabajadores.
Los operadores con red han perdido un 30% de facturación en España en los últimos cinco años. De Riva también señaló los riesgos para el empleo que este impuesto puede provocar y aludió a la prohibición de repercutir la tasa en los consumidores como “una injerencia en el gobierno de las propias empresas”.
