La obligación de contar con un sistema de facturación verificable, adaptado a los requisitos que fija el Reglamento de regula los Sistemas Informáticos de facturación (RRSIF), derivado de la Ley Antifraude, que establecía que todas las empresas tenían que tenerlo operativo el próximo día de enero de 2026 y los autónomos el día 1 de julio queda aplazado hasta 2027.
El Gobierno ha tomado esta decisión para cumplir con los acuerdos que mantiene con Junts, según recogen diversos medios y tras una entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la emisora Rac1.
Esta decisión, que se plasmará en un Real Decreto, amplía en un año el plazo para que las empresas y autónomos adapten su sistemas de facturación a esta normativa para la que ya está preparada la industria tecnológica.
Los proveedores de software llevan meses realizando sesiones informativas para explicar los requisitos que tienen que tener las aplicaciones de facturación para cumplir con la norma, aunque la mayoría de las pymes seguían teniendo dudas sobre la ley y las multas que acarrea su incumplimiento.
