Este dato se desprende de informe del proyecto CWIT (Countering WEEE Illegal Trade) de la Unión Europea, que señala sólo el 35 % de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son gestionados correctamente en Europa. Además, el tráfico ilegal de esto residuos podría estar relacionado con la financiación del crimen organizado.
El estudio, llevado a cabo por Interpol, la Universidad de Naciones Unidas y el WEEE Forum, asociación europea a la que pertenece la plataforma Recyclia, señala que, en 2012, sólo 3,3 millones de toneladas de un total de 9,5 millones de toneladas de productos electrónicos desechados por empresas y particulares —algunos de ellos en funcionamiento—, siguieron cauces adecuados y legales para su reciclaje.
El resto de las 6,2 millones de toneladas fueron exportadas, recicladas sin control o simplemente arrojadas a contenedores. Ese año también 1,3 millones de toneladas de productos desechados salieron de Europa de manera indocumentada. El 30 % de esta cifra correspondía a residuos electrónicos (400.000 toneladas), y el 70% restante, aparatos que todavía funcionaban. Este tráfico ilegal, según recoge el informe, tendría conexiones con casos de evasiones fiscales o blanqueo de dinero.
El análisis indicaba que el robo de componentes de valor como metales precisos o placas de circuitos suponen elevadas pérdidas para los procesadores de residuos europeos que cumplen la legislación medioambiental. El coste se estima entre 800 y 1.700 millones de euros anuales.
Ante estos hechos, Recyclia pide incrementar el control de los flujos nacionales y transfronterizos de RAEE y endurecer las condenas por infringir la normativa en esta materia. La plataforma señala la necesidad de armonizar estas sanciones y los criterios de contabilización y trazabilidad de los diferentes flujos entre los estados europeos.
“Es prioritario adoptar estas medidas, dado que, tal y como señala el informe, la gestión ilegal de RAEE, además de perjudicar al medio ambiente, se ha convertido en una actividad lucrativa y con un bajo nivel de detección por parte de las autoridades», resalta José Pérez, consejero delegado de Recyclia.
