Sigue la cruzada en pos de que las empresas españolas utilicen software legal. BSA no ceja y su última acción ha tenido lugar en Madrid. Se trata de la investigación judicial llevada a cabo en el Grupo Continex, una empresa dedicada a la consultoría que fue motivo de un registro en sus oficinas en el que fueron inspeccionado unos 15 equipos, entre servidores, puestos de trabajo y portátiles, detectándose software presuntamente ilegal por un importe que puede estar entre los 100.000 y los 150.000 euros.
Este registro se realizó gracias a los datos dejados en la web de BSA por un informador.
