AMETIC vuelve a proclamar su preocupación ante la elevada fiscalidad que soporta el sector de las telecomunicaciones. Esta situación puede empeorar si se aprueba el “Proyecto de Ley de creación del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector audiovisual y para la difusión cultural digital”, recientemente enviado al Parlament por el Govern de la Generalitat.
AMETIC teme que la alta carga impositiva retraiga la inversión en redes ultrarrápidas que soportan la banda ancha, imprescindibles para el desarrollo de la Economía Digital y recuerda que según un estudio de PwC, de diciembre de 2012, el sector de las telecomunicaciones soporta una carga tributaria específica en España del 3,4 % que contrasta significativamente con la correspondiente a países como el Reino Unido, con el 0,7%, o el caso de Alemania, con el 0,4%. A juicio de AMETIC es “un despropósito exigir un nuevo esfuerzo impositivo a un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas administraciones y organismos”.
La tasa que puede aprobar el Parlament gravaría a las operadoras con 0,25 euros mensuales por cada línea contratada en Cataluña. El montante recaudado se destinaría a la subvención del audiovisual catalán y a fomentar el acceso a Internet en los equipamientos culturales. La patronal tecnológica hace suya la postura de Sergi Casamitjana, director de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) de Terrassa, que el pasado mes de marzo manifestó que “corresponde al departamento de Cultura de la Generalitat hacer una política responsable que favorezca el cine catalán y no dejar en manos de las operadoras de Internet la obtención de recursos.”
En contra de esta pretendida tasa también se ha pronunciado, más recientemente, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) que en un dictamen emitido a petición de la propia Generalitat que se hizo público el pasado 16 de junio, dijo “no compartir la creación de un impuesto a un determinado sector de actividad para nutrir los fondos que se destinarán a otros sectores de actividad, dado que su creación no está suficientemente justificada”.
Si pese a todos los argumentos expuestos, el Parlament termina aprobando este canon por conexión a Internet, las empresas afectadas, como ya se ha anunciado desde AMETIC, se verán obligadas a iniciar acciones legales tendentes a su anulación.
