La nueva Ley de contratos del sector público entró en vigor el pasado 9 de marzo. Una norma que cambiaba algunos elementos claves en la redacción de los proyectos: incluía criterios sociales y medioambientales, así como los costes del ciclo de vida. Otro de los cambios más importantes es que eliminaba el concepto de oferta más económica como criterio de selección de un proveedor, sustituyéndolo el que mide la mejor calidad-precio; lo que puede favorecer la innovación y la eficiencia como forma de diferenciarse en las licitaciones públicas.
Ahora, seis meses después, la plataforma AdjudicacionesTIC asegura que esta nueva ley ha provocado una dinamización del sector: el número de licitaciones entre marzo y octubre ha crecido un 10 %, sumando 5.150 proyectos. Y no solo el número. También se ha crecido en valor: exactamente un 16,7 % para alcanzar los 1.969 millones de euros. “Aunque aún estamos en pleno período de transición del modelo”, puntualiza, sin embargo, Ismael Moreno, CEO de Adjudicaciones TIC.
No faltan las críticas a la ley, referidas a su aplicación en la fase de licitación. Beatriz Juliá, presidenta de ForoCPP, explica que con esta nueva la fase post-licitación está mucho menos regulada y existe, en muchos casos, una falta importante de control”. Sin embargo, se exige a las Administraciones Públicas que estos criterios de control se apliquen no sólo en la fase de licitación sino también en la ejecución.
A juicio de ForoCPP, estas deficiencias en la ejecución están vinculadas con la complejidad de las memorias justificativas, los conflictos en los contratos menores, las exclusiones en los procesos abiertos simplificados, la complejidad en la incorporación y acreditación de criterios sociales y medioambientales, o en la escasa aplicación aún del coste de ciclo de vida.
Gestionar de manera transparente la contratación pública es esencial: según cifras de la Comisión Europea, ésta supone un 19 % del PIB de la Unión Europea, mientras que la corrupción en el sector público cuesta a la sociedad alrededor de 120.000 millones de euros al año.
