La ciberseguridad es una cruzada que compete a un gran número de actores. Junto a los proveedores de seguridad, básicos en la construcción de barreras defensivas, se sitúan los poderes gubernamentales y jurídicos; junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Elvira Tejada, fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinadora nacional contra la criminalidad informática, recordó que la prevención en la lucha contra el cibercrimen es vital e insistió, no obstante, en la importancia que tiene la capacidad de respuesta del estado de derecho para sancionar las conductas, “tanto si es constitutiva de delito o resulta una infracción”.
Una actuación que tiene, además, un efecto preventivo ya que se advierte al ciudadano de que no vale todo. “Vivimos en un ambiente en el que hay una cierta impunidad”, aseguró la fiscal. “Y hay que vencerla”. Sin embargo, para que entre en juego la respuesta represora del Estado es necesaria una cosa: la denuncia. Y «en España no se denuncia”, asegura Tejada. La sala de la que es fiscal recibió el pasado año solo 440 denuncias de ataques en Internet. “No recibimos denuncias por parte de empresas que hayan sido atacadas a través de la web”, aseguró. ¿Las razones? La jurista apuntó el efecto, negativo, sobre la reputación de la empresa o la falta de confianza en la justicia.
La lucha contra el delito debe hacerse “con todos los medios a nuestro alcance pero no a cualquier precio”, especificó Tejada. Y en los conflictos concretos en los que se enfrenta la seguridad con la privacidad, hay que aplicar la lógica jurídica y policial. “Lo que hacemos desde hace cientos de años en el mundo físico debemos aplicarlo al virtual”, expone. Por tanto, el juez, al igual que ordena registros en domicilios o interviene un teléfono, porque así lo aconseja un proceso de instrucción, deberá hacer lo mismo en el ámbito virtual. «El PC es un reducto de intimidad, por tanto cualquier intromisión debe estar perfectamente justificada». Es lo que se denomina «proporcionalidad del sacrificio».
Tejada reconoce que la realidad digital exige un cambio en los ordenamientos judiciales y así se ha hecho en España. El pasado año tanto la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal como los cambios operados en el Código Penal tratan de definir delitos y conducir las acciones de los órganos judiciales y policiales para perseguirlos de forma intachable. España cuenta con un grupo de fiscales formados para la persecución de este tipo de delitos.
La fiscal participó en el seminario “España-Francia: ciberseguridad y competitividad empresarial”, organizado por Diálogo, una asociación que promueve la amistad hispano-francesa.
