BSA ha comunicado que ha crecido un 14 % el número de denuncias por el uso de software ilegal en su portal de denuncias en 2017, llegando a 576 los casos notificados. Esta cifra casi duplica las denuncias que se registraron en 2014 cuando se contabilizaron 315 casos.
Las denuncias recibidas el año pasado propiciaron 347 acciones legales, entre las que destacan los registros judiciales de las instalaciones de las empresas ordenados por los Juzgados Mercantiles. En estas acciones, que crecieron un 12 % respecto a las efectuadas en 2016, se encontró software sin licencia por un valor de 200.000 euros de media por empresa (194.285 euros), lo que equivale a cerca de 4.000 euros de promedio por cada ordenador (3.940 euros).
Carlos Pérez, socio responsable del área de IT, riesgo y cumplimiento de Ecija, firma legal de BSA en España, explicó que “no sólo se recibe una mayor cantidad de denuncias, sino que además estas ofrecen cada vez más detalles e información concreta que facilita materializarlas en las correspondientes acciones legales contra las empresas infractoras”.
BSA ha comprobado que la concienciación por el uso de software ilegal ha crecido entre los directivos y empleados en el informe “Actitudes frente a las prácticas ilegales en las pymes españolas”. Este estudio confirma que casi el 80 % de los trabajadores estaría dispuesto a informar de ilegalidades y conductas no éticas cometidas en su empresa.
Según datos de la entidad, la mayor parte de las investigaciones a empresas parte de las denuncias de los exempleados (41 %), seguidas de las efectuadas por otras empresas competidoras (38 %) y de las denuncias anónimas de empleados actuales de las compañías supuestamente infractoras (21 %).
“Las empresas que disponen de software sin licencia en sus sistemas informáticos se exponen a riesgos legales y económicos muy graves, la suspensión de actividad y la inhabilitación para acceder a subvenciones y ayudas públicas o contratar con el sector público”, añade Pérez.
BSA avisa que el índice de piratería en España sigue superando al de la media europea. En nuestro país, más de cuatro de cada diez programas informáticos (44 %) instalados en los equipos corporativos de empresas son ilegales. Este porcentaje contrasta con el 28 % de la media de la Unión Europea y del 20 % de otros países como Estados Unidos o Canadá.
BSA estima que el coste comercial por esta práctica representa más de 800 millones de euros para los fabricantes y los desarrolladores de software.
