Con un 45 % de ratio de software ilegal, España se coloca entre los países de cabeza en esta práctica negativa. Su repercusión en el PIB alcanza los 17.000 millones de euros y su impacto en el empleo es similar. Ante el reto de hacer descender el ratio, ¿a quién corresponde la máxima responsabilidad en el asunto? [poll id=»30″]
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